(...) lo esencial de la lucha contra la discriminación debería ser un equilibrio entre medidas legales para prohibir y castigar los actos concretos de discriminación y la aplicación de medidas compensatorias orientadas a resarcir a colectivos completos por los daños inmerecidos padecidos por el desprecio y el estigma sociales. Como ejemplo de lo primero se puede tipificar a los actos de discriminación como delitos o faltas administrativas, y como ejemplo de lo segundo se tienen que considerar como una obligación del Estado democrático, entre otras medidas, la procuración del acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral o a los servicios de salud; la compensación y la promoción de las mujeres en los ámbito sanitario, educativo y laboral; la integración de los niños y niñas con discapacidad a las oportunidades del sistema educativo público, y la creación de oportunidades educativas y laborales especiales para los grupos etnoculturales tradicionalmente discriminados. Por ello, es necesario insistir en que no todo acto de desprecio es discriminación, y que la mejor ruta para atajar la discriminación es, más que la estrategia edificante, la del cambio de funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en las que las personas se socializan y desarrollan trayectorias vitales y profesionales, con el propósito de que se conviertan en mecanismos de cohesión social y no en reproductoras de la discriminación y la exclusión (...)
Fragmento de "Qué es la discriminación y cómo combatirla" de Jesús Rodríguez Zepeda. Cuadernos de la Igualdad de CONAPRED.
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